A falta de unos días para conocer la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de cuánto se les pagará a las eléctricas por invertir en redes en los próximos 5 años, tanto el ‘apagón’ del 28 de abril como las peticiones no satisfechas de miles de megavatios de capacidad de conexión de la demanda hacen de un asunto tan técnico como éste la clave para hacer (o no) todas las inversiones necesarias en los próximos años.
La determinación de la tasa de retribución financiera para las titulares de la red de distribución de energía eléctrica ha sido, al menos en los últimos tres períodos de planificación, una fuente constante de conflicto entre el regulador (la CNMC) y las reguladas (las distribuidoras). Un análisis somero del esquema de incentivos de cada parte ayuda a entender sus respectivos comportamientos. Por un lado, el regulador debe administrar con prudencia y eficiencia lo que se ofrece como rentabilidad porque es un coste que se repercute en la factura de la luz vía peajes de acceso.
Al mismo tiempo, por otro lado, las empresas distribuidoras (las ‘dueñas del cable’) requieren de una remuneración suficiente y competitiva dado que tienen que inmovilizar una cantidad muy importante de dinero en una inversión de largo plazo sometida a vaivenes no fácilmente predecibles, pudiendo estar invirtiendo en otros mercados o en otro tipo de activos con menor riesgo. Por tanto, el deber del sistema eléctrico es encontrar un ‘punto medio’ que satisfaga ambas pretensiones. Un papel que la actual regulación se lo otorga a la CNMC, la cual está obligada a actuar de la manera más rigurosa e imparcial posible.
Una vez enmarcado el ‘terreno de juego’ en el que interactúan el regulador y los regulados, la mejor decisión posible deberá salir de la incorporación en el análisis de una serie de cuestiones clave que impone la realidad. Más aún si cabe en el momento actual en que se están uniendo varios factores preocupantes que amenazan con ser un ‘cuello de botella’ para el desarrollo económico de España. En este sentido, en varias ocasiones a lo largo de los últimos años desde estas páginas (sin ir más lejos, hace escasamente dos semanas), hemos explicado la necesidad de desarrollar aceleradamente las redes para dar cabida al incremento de la demanda eléctrica tanto de industrias nuevas como las ya existentes en proceso de descarbonización, así como nuevos sistemas de almacenamiento y agregación de la demanda.
La red eléctrica, en su naturaleza como infraestructura, es un prerrequisito para que surjan nuevas actividades económicas o puedan reestructurarse o reconvertirse las ya existentes. Planificar el despliegue de la red requiere de un análisis riguroso de la demanda potencial y un cálculo de probabilidades que permita hacerlo con flexibilidad y eficiencia. A este respecto, existen pocas dudas entre los expertos: el consumo de energía, igual que el consumo de datos, crecerá en los próximos años a una tasa no lineal, obligando a un esfuerzo proporcionalmente superior de aquí a 2030.
¿Dónde sí hay dudas, y muy relevantes? En la capacidad de los reguladores de entender qué está pasando en el mercado y qué es necesario hacer para no obstaculizar el progreso económico y, al mismo tiempo, seguir siendo prudentes con el manejo de los costes regulados. En este punto hemos visto algunos avances, muy tímidos, a lo largo de los últimos meses, incorporando gradualmente algunos conceptos como ‘inversiones anticipadas’ (obvio, la red es un prerrequisito) o ‘planificación flexible’ (lo que toda la vida se ha hecho como un plan quinquenal rígido al estilo soviético hace muy difícil incorporar adaptaciones en medio de cada ciclo, provocando la insatisfacción de todos los agentes implicados).
No hay más que ver lo que ha sucedido con la Modificación de Aspectos Puntuales (MAP) de la red de transporte aprobada el año pasado en la que sólo se han podido atender algunas peticiones de conexión o los apenas 6 MW atendidos de los más de 67 MW solicitados por la demanda durante el año 2024. El enjambre de plazos administrativos y el límite de inversiones anual que sigue estando vigente (0,13% del PIB para la red de distribución y el 0,065% para la red de transporte) hacen el resto.
Todos estos primeros pasos no están siendo más que señales aisladas de conocimiento de la realidad del sector por parte tanto del Ministerio del ramo (MITERD) como de la CNMC, pero incapaces de articular el cambio estructural necesario para atender las necesidades del mercado. Falta un plan estructurado que dé la vuelta a la situación cuyas coordenadas básicas ni siquiera es necesario ‘inventarlas’ desde España, ya que la Comisión Europea sí ha lanzado varias iniciativas en los últimos tres años en la materia. La última unos días después del ‘apagón’ de España en materia de interconexiones y con la preocupación creciente de que puede volver a suceder si no se resuelve el ‘cuello de botella’ perverso formado por la presencia masiva de energía renovable no gestionable, la retirada de grupos de generación síncrona o la impredecibilidad de la demanda que busca alternativas fuera del mercado organizado, entre otros.
Ante la ausencia de este plan, sería preocupante que la CNMC siga la senda de las Circulares aprobadas en los quinquenios anteriores y publique una rentabilidad regulada para la red insuficiente para cubrir, por un lado, el coste financiero (la suma ponderada del coste de la deuda y del coste de los recursos propios) que tiene levantar el dinero para hacer estas inversiones y, por otro lado, el coste de oportunidad de invertir en redes en España frente a otras inversiones alternativas en otros activos u otros países.
En un contexto en el que los tipos de interés de la deuda a largo plazo (10 años y 30 años) están subiendo, una inflación futura estructuralmente más alta, las primas de riesgo al alza y el coste de oportunidad también (la revolución tecnológica en el ámbito energético genera activos y geografías más atractivas donde invertir frente a países y activos tradicionales sobre los que pesa también un factor de inseguridad jurídica), el cálculo de la tasa de retribución deberá ser sustancialmente más alto que el vigente hasta finales de 2025 y el que supuestamente anunciará la CNMC según están recogiendo los medios de comunicación en los últimos días.
No es nada fácil, pero es imprescindible que el regulador deje de estar esclavo de su pasado y empiece a articular una estrategia diferente que asegure que las inversiones se hacen. Tomando la frase muy conocida de Lord Keynes perfectamente aplicable a los consejeros y los técnicos de la CNMC, “los hombres prácticos, que se creen completamente libres de toda influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.
