El Economista.- (Antonio Cordón) La polémica suscitada en los últimos días en torno a la fiscalidad energética está generando inquietud entre los ciudadanos. Por un lado, crea una confusión muy notable que impide comprender correctamente cuál es el impacto que tiene sobre el ciudadano de a pie, más aún conforme nos acercamos al final del año y aparecen, como cada ejercicio, las tradicionales subidas de tarifas y precios regulados, entre los que destacan las facturas de la luz y el gas. Y, por otro lado, aquéllos que deben acelerar la transición energética, como son los inversores, los agentes del sector y las instituciones públicas, que viven en un ambiente de incertidumbre que provoca titubeos y parálisis a la hora de tomar decisiones.

Por todo ello, la Asociación para la Transición Energética (ATE) está obligada a pronunciarse, ya que contar con las mejores reglas del juego resulta crítico para continuar el proceso de descarbonización. Realmente, 2030 está a la vuelta de la esquina y si miramos con perspectiva todo lo realizado durante los últimos años, estamos aún lejos de conseguir los objetivos de transición hacia una economía en su mayor parte con cero emisiones netas, competitiva y eficiente. De esta manera, necesitamos avanzar con paso firme, situando el punto central en la inversión, tanto privada como pública, con un monto necesario que excede los 500.000 millones de euros, según la última revisión del PNIEC 2021-2030.

Este volumen de recursos deberá conseguirse tanto a partir de capital nacional como extranjero, privado y público, lo cual exige a España contar con una hoja de ruta bien definida como el PNIEC, pero también seguridad jurídica, así como evitar que haya regates cortoplacistas que interfieran en un proceso de muy largo plazo como es una inversión en energía. En este sentido, nos preocupa lo que está sucediendo en la negociación de diferentes proyectos de Ley en las Cortes, en los que los grupos políticos se han sumergido en el más absoluto caos en torno a la fiscalidad aplicada a la energía y a la creación de nuevos impuestos a las energéticas, afectando de una manera muy especial a las inversiones, tanto actuales como futuras.

Por un lado, creemos que es muy importante establecer una fiscalidad justa, donde el que más tiene contribuya más al sostenimiento del gasto público, cada día con mayor volumen de exigencia; y para eso, ya existen en nuestra legislación figuras impositivas que se encargan de que esto sea así, tales como el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Actividad Económica y otros muchos tributos de carácter nacional, autonómico y local, que actualmente ya pagan todas las empresas que realizan su actividad económica en España. Del mismo modo, la fiscalidad juega un papel fundamental a la hora de crear incentivos positivos –como es el caso de la denominada fiscalidad verde–, premiar al que descontamina y castigar al que contamina.

Pero, por otro lado, defendemos que los impuestos se dimensionen de una manera adecuada, siendo más eficientes, no distorsionantes, y respetando los principios más básicos de seguridad jurídica, capacidad de pago y prudencia.

De lo contrario, existe un riesgo elevado de que continúe por más tiempo una maraña de impuestos y tasas difícil de entender y que, además, es cambiante en el tiempo, según las necesidades políticas del momento.

Por este motivo, debemos repensar la fiscalidad como una herramienta integral y coherente bajo la óptica del resultado final. Dicho de otro modo: saber quién y cuánto paga cada uno de los impuestos, no vaya a ser que terminen siendo un premio para quien lo hace mal (el que sigue contaminando y no participa de la transición) y un 'castigo' para quien lo hace bien (el que sí apuesta por energías limpias).

No olvidemos que nos estamos jugando la movilización del grueso del capital necesario para hacer la transición, y que los consumidores necesitan saber dónde están, cuál va a ser el coste fiscal que tendrán que asumir, y por qué. Esta evidencia debemos ponerla en valor con más razón aún si hablamos de la industria, el gran consumidor que busca su descarbonización a través de la introducción de energías limpias, y que es la clave final para que el proceso de transición pueda culminar con éxito.