Una de las mayores satisfacciones para un economista es comprobar cómo la realidad termina imponiéndose a los prejuicios ideológicos. Y pocas veces ocurre de una forma tan explícita como en la Orden Ministerial que amplía hasta 2030 la vida útil de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz y, unas semanas antes, en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 18/2026. La cuestión nuclear merece un análisis aparte por el calado que tiene. Hoy nos centraremos en la cuestión fiscal.
El Gobierno reconoce literalmente que las rebajas fiscales aplicadas sobre la electricidad y el gas «tuvieron una incidencia favorable sobre la evolución de los precios energéticos» y que, gracias a ellas, «la electricidad registró una variación interanual del -4,3%, mientras que la correspondiente al gas natural se situó en el -9,6%». Pero la afirmación más relevante llega a continuación: esas reducciones tributarias «han reducido la tasa de variación interanual del IPC general en un punto porcentual durante los meses de vigencia de estas».
No se trata de la opinión de un centro de estudios liberal ni del diagnóstico de una patronal o de una asociación sectorial. Es el propio Ejecutivo quien admite que reducir la presión fiscal sobre la energía abarata los precios y contribuye a contener la inflación. Esta constatación merece una reflexión que va mucho más allá del propio Real Decreto-ley. Si bajar impuestos sobre la energía reduce el precio que pagan hogares y empresas y, además, ayuda a moderar la inflación, ¿por qué limitar esta estrategia a medidas parciales o temporales? ¿Por qué no convertirla en uno de los pilares permanentes de la política energética española?
Ahora que la tasa de inflación en julio cerró en el 3,6% y con probabilidad alta de superar el 4% en los próximos dos meses, no hay más que volver a recuperar todas las rebajas fiscales que desaparecieron gradualmente entre junio y julio para contener el aumento de los precios.
La principal virtud del Real Decreto-ley es precisamente la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el conocido impuesto del 7% a la generación. Su desaparición definitiva en 2028 supone reconocer que gravar la producción de electricidad con un impuesto específico carecía de sentido en un contexto donde la prioridad europea consiste precisamente en electrificar la economía. Y se queda muy corto estableciendo una eliminación progresiva cuando debería ser inmediata.
Durante años se ha insistido en que la electricidad debía sustituir progresivamente a los combustibles fósiles en la industria, el transporte, la climatización de edificios y buena parte de los procesos productivos. Sin embargo, esa estrategia convivía con una fiscalidad que seguía penalizando el propio consumo eléctrico. El Real Decreto-ley comienza a corregir esa contradicción en los planes como el PNIEC.
Sin embargo, el paso dado continúa siendo incompleto. El Impuesto Especial sobre la Electricidad permanece por encima del tipo mínimo permitido por la normativa europea (0,5%), mientras que el gas disfruta de una tributación equiparable al mínimo comunitario. El resultado es que se sigue gravando con mayor intensidad el vector energético que la propia Unión Europea considera estratégico para avanzar hacia una economía menos dependiente del exterior y con menores emisiones, como es la electricidad a partir de fuentes no emisoras.
Desde una perspectiva estrictamente económica, la fiscalidad no debería obstaculizar aquellas tecnologías cuya expansión genera beneficios colectivos. Si la electrificación reduce la dependencia de combustibles importados, mejora la seguridad energética y disminuye la exposición de la economía española a las tensiones geopolíticas internacionales, resulta razonable que su tratamiento tributario refleje esos objetivos.
Pero reducir impuestos, siendo importante, no basta por sí solo para conseguir una energía más barata. La segunda gran asignatura pendiente continúa siendo la falta de gran almacenamiento energético. España dispone de uno de los parques renovables más competitivos de Europa. Sin embargo, cada vez resulta más frecuente que parte de esa producción no pueda aprovecharse plenamente porque el sistema carece de capacidad suficiente para almacenarla cuando existe exceso de generación y utilizarla posteriormente cuando aumenta la demanda. El resultado es una utilización ineficiente de recursos ya instalados, mayores costes de operación del sistema y una mayor volatilidad de los precios.
El propio Real Decreto-ley incorpora algunas medidas positivas en esta dirección. Reconoce el papel que pueden desempeñar las baterías en determinados servicios del sistema eléctrico, impulsa nuevas soluciones de almacenamiento hidráulico en los territorios no peninsulares y adapta diversos aspectos regulatorios para facilitar su desarrollo. Son avances bienvenidos, pero todavía insuficientes. Es una barbaridad económica que el sistema peninsular derroche aproximadamente un 11% de la energía renovable generada en julio a la espera de tener más consumo cuando la demanda apenas se la deja crecer y sólo vemos crecimiento por motivos estacionales.
El verdadero cuello de botella no reside ya tanto en el reconocimiento jurídico del almacenamiento como en la ausencia de un marco económico suficientemente estable que incentive inversiones multimillonarias con horizontes temporales de varias décadas. Los inversores necesitan certidumbre regulatoria, procedimientos administrativos ágiles y mecanismos de mercado que remuneren adecuadamente los servicios que presta el almacenamiento al conjunto del sistema eléctrico.
Algo parecido ocurre con las redes eléctricas. El incremento previsto de la demanda derivado de la electrificación exige ampliar y modernizar tanto las redes de transporte como las de distribución, exige la ejecución de todas las infraestructuras recogidas en la planificación vinculante de las redes de transporte y una retribución lo suficientemente atractiva para que las inversiones en redes se hagan en nuestro país. Sin redes suficientes, la transición energética corre el riesgo de convertirse en una sucesión de proyectos renovables incapaces de hacer llegar la energía que producen para atender la nueva demanda industrial.
La experiencia internacional demuestra que las transiciones energéticas exitosas no descansan sobre una única política pública. Requieren una combinación coherente de incentivos fiscales, inversión en infraestructuras, estabilidad regulatoria y competencia entre tecnologías. Si realmente aspiramos a disponer de una electricidad abundante, segura y competitiva, la lógica económica invita a completar el camino iniciado. Porque abaratar la energía no consiste únicamente en intervenir cuando los precios suben. Consiste, sobre todo, en construir un sistema capaz de producir más, almacenar mejor y transportar con mayor eficiencia una electricidad cada vez más competitiva. La buena noticia es que el propio Gobierno ya ha reconocido cuál es una parte esencial de la solución. Ahora sólo queda llevar esa lógica hasta sus últimas consecuencias.
