La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha presentado una serie de observaciones a la consulta pública sobre la revisión de la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, en el marco del próximo periodo regulatorio 2026-2031, entre las que destaca la necesidad de implementar reformas estructurales que garanticen un desarrollo eficiente y ágil de las redes eléctricas, imprescindibles para la transición energética.
En sus aportaciones, la asociación subraya que las redes de transporte y distribución de electricidad son la “piedra de toque” de la transición energética y digital, desempeñando un papel fundamental en la integración de las energías renovables y en la flexibilidad de la demanda.
Sin un fortalecimiento de estas redes, advierte la organización, se corre el riesgo de retrasar la electrificación y frenar proyectos estratégicos de descarbonización en España.
Entre las principales observaciones realizadas por la asociación a esta consulta pública destacan:
- Planificación flexible y ágil: La asociación propone una revisión periódica de la planificación de redes cada dos años, con el objetivo de responder con mayor rapidez a las necesidades de conexión, tanto de la generación como del consumo de electricidad.
- Inversiones anticipadas: La organización pone de manifiesto la necesidad de anticipar las inversiones necesarias para el sistema eléctrico, en lugar de gestionar cada solicitud de forma individual.
- Eliminación del límite legal de inversiones: Se propone la necesidad de modernizar y expandir las redes eléctricas a través de la eliminación de los actuales límites legales en las inversiones, lo que permitiría afrontar los retos de la descarbonización y una modernización definitiva del sistema eléctrico.
- Marco retributivo predecible: Se plantea la necesidad de simplificar y hacer más estable el marco retributivo, adaptándolo a los nuevos retos que impone la transición energética, garantizando una rentabilidad justa y competitiva para las empresas del sector que refleje adecuadamente los costes y riesgos asociados.
Según el análisis presentado por la asociación, se estima que para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España necesita una inversión acumulada en redes y electrificación de más de 55.000 millones de euros hasta 2030; al tiempo que añade que sin una planificación ágil y un marco retributivo que incentive estas inversiones, el país podría perder oportunidades industriales y económicas clave.
Así las cosas, la Asociación para la Transición Energética (ATE) destaca que nos encontramos en un momento crucial para sentar las bases de un modelo energético sostenible y competitivo; al tiempo que reitera su compromiso de colaborar con las autoridades y el sector privado para asegurar que las redes eléctricas estén a la altura de los desafíos del futuro.
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