Reproducimos, por su interés, este artículo publicado en el diario La Informacion Económica de 20 Minutos, en el que participa en calidad de experto el vocal de economía de la Asociación para la Transición Energética Javier (ATE) Santacruz, en el que se analiza el negocio de la especulación en relación con los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, que según el autor, aunque viene de muy atrás, en los últimos días ha salido a la palestra y copa parte de la información energética... Leer más
La especulación en relación con los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica viene de muy atrás, pero en los últimos días ha salido a la palestra y copa parte de la información energética. ¿Y por qué? Porque el acaparamiento de los permisos bloquea a la nueva demanda que quiere instalarse en España. Las distribuidoras de electricidad calculan que hay unos 14.000 megavatios (MW) 'cautivos', es decir, los dueños de estos permisos no han llegado a contratar y tampoco se espera que lo hagan.
El 'modus operandi' es sencillo. El solicitante crea un vehículo de propósito especial (SPV por sus siglas en inglés) y a través de este obtiene el punto de conexión. Posteriormente, vende el SPV si tiene la oportunidad, explican a La Información Económica fuentes del sector. Es decir, funciona como el clásico engaño de vender un bolígrafo y regalar unas entradas para un partido de fútbol. Como los puntos de acceso y conexión son un bien escaso, hay gente que plantea un proyecto, bloquea la capacidad, sabiendo que nunca tendrá fondos para llegar a construirlo, siendo su idea vender el proyecto a un inversor, que se beneficia de contar con un proyecto más maduro.
Las mismas fuentes subrayan que como el punto de conexión como tal no tiene personalidad jurídica, el proyecto es una cáscara vacía y es, por ejemplo, una SL constituida un mes antes de la petición. En España, el acceso de los proyectos a la red eléctrica, como un centro de datos o una fábrica de baterías para coches eléctricos, funciona bajo un modelo de ventanilla -a petición del propio interesado-. Las distribuidoras son las responsables de atender al acceso y conexión de la demanda en sus redes. Si el punto está disponible, y tras hacer los análisis reglamentarios hay capacidad, acorde con la regulación se le otorgará el permiso de acceso y conexión respetando los hitos regulados. En el caso de que no haya capacidad, y se necesite realizar algún tipo de refuerzo, entonces tal y como dice la regulación, el coste será sufragado por el consumidor, explican a este medio desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec).
"No podemos olvidar que todo esto está regulado y que somos una actividad regulada, por lo que, por parte del distribuidor, no hay posibilidad de hacer 'negocio' ya que nuestra rentabilidad también es supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con esto, lo que queremos decir, es que el distribuidor no puede lucrarse por atender a la demanda", matizan desde la patronal que integra a Iberdrola, Endesa y EDP. UFD, del grupo Naturgy, es la otra gran distribuidora del país, mientras que las más pequeñas, que son centenares, están integradas en asociaciones como CIDE o la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).
Desde el sector advierten de que el acaparamiento de permisos para la especulación es cada vez mayor y reclaman que se le ponga coto, más si cabe en un contexto de transición energética y electrificación de la economía. El Real Decreto-ley 8/2023 introdujo una serie de mecanismos de protección (con avales y plazos), pero las empresas alertan de que no están funcionando como debieran. Las distribuidoras reclaman que se generalice la exigencia de garantías para todos los proyectos de demanda conectados a media y alta tensión, así como establecer un mecanismo transitorio para "limpiar" la bolsa de permisos de acceso de demanda ya concedidos desde hace años que están bloqueando un volumen importante de capacidad de acceso. También solicitan que se extienda la caducidad de los permisos para todos los proyectos de baja, media y alta tensión.
"La actividad de desarrollo aporta valor tanto en el lado de la generación como de la demanda porque aporta liquidez al mercado y permite a nuevos agentes no incumbentes acelerar su 'time to market', dado que se aprovechan del avance del proyecto realizado por un tercero. No obstante, esta actividad de desarrollo no puede generar valor a costa de bloquear el acceso a aquellos proyectos empresariales que tienen voluntad final de invertir. Esto aplica igualmente a la generación renovable y también a la demanda. Por ello es imprescindible implementar medidas que garanticen que la actividad de desarrollo se realiza con la vocación de agilizar y facilitar la inversión final y no bloquearla buscando la especulación del recurso escaso que es el suelo o el acceso a la red. En definitiva, 'use it or loose it'", apunta el socio responsable del sector de Energía y 'Utilities' de PwC España, Óscar Barrero.
En la misma línea, el director general de L’Energètica, Daniel Pérez, señala que la red eléctrica es una infraestructura necesaria y escasa, que debe utilizarse de manera "inteligente y óptima". "Si disponemos de energía renovable barata y de red para evacuarla, pensemos bien en qué tiene más sentido emplearla. En lugar de caer en la solución fácil del centro de datos, valoremos en cada caso cuál es la mejor solución. En la medida de lo posible, prioricemos otros consumos que generan más empleo y riqueza, como trenes, 'hubs' de recarga de vehículos eléctricos, nuevas industrias o plantas de hidrógeno próximas a estas. Hay que evitar a toda costa que haya industrias que quieran y no puedan abrir en España porque haya centros de datos que les hayan quitado el sitio en la red. Centros de datos sí, pero en aquellas ubicaciones donde otros usos no son tan adecuados", subraya.
El economista y analista financiero Javier Santacruz recuerda cuando en el caso de la generación, Red Eléctrica tuvo que intervenir pidiendo avales técnicos y económicos para no sólo conceder el acceso, sino también para renovar el de algunas instalaciones que se cerraban o llegaban al final de su vida útil. Ahora se presenta una casuística parecida, pero en el lado de la demanda. Por ejemplo, industrias que desean electrificarse y piden un punto de acceso y conexión a red suficiente para cubrir sus necesidades de consumo, proyectos de grandes autoconsumos industriales con vertido a red, sistemas de almacenamiento (generalmente en baterías) y proyectos de gases renovables tipo hidrógeno que 'chupan' una electricidad 'verde' comprando garantías de origen. El problema actual con la demanda incluso es más serio porque no es tan fácil presentar avales económicos teniendo en cuenta la situación económica y financiera de muchas de esas industrias", argumenta.
Dimensionar el aval económico a la capacidad
En opinión de Santacruz, el aval técnico puede tener sentido, pero el aval económico habría que dimensionarlo a la capacidad concreta que pudiera tener. Indica que de no ser así, la especulación estará fundamentalmente en que una industria que consigue un permiso de acceso y conexión no lo utilice porque no pueda afrontar la inversión que es necesaria para electrificarse y termine vendiendo toda su planta (o la sociedad que es titular del proyecto) a otro que sí lo pueda hacer con unas características similares. "Un ejemplo a lo bruto es que una acerera consiga un permiso de acceso y conexión, que no pueda llevar a cabo su proyecto (instalar hornos eléctricos) y que se lo revenda a otra que sí pueda hacerlo", añade.
La consultora energética Cristina Olivera hace una diferenciación entre capacidad libre (prelación de solicitudes) y capacidad sujeta a concurso. Según Olivera, analizando las principales cifras para la generación, la red de transporte actual cuenta con "apenas" 3,4 GW (MGE) o 1,4 GW (MPE) asignados al método de prelación de solicitudes, mientras que más de 222 GW permanecen sujetos a concursos que aún no se han convocado. En el ámbito de la distribución, expresa que la situación es algo "más favorable", con aproximadamente 28 GW disponibles para MPE, según datos de Red Eléctrica.
