Con el objetivo de analizar los retos que afronta el sector energético y su financiación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40 % en 2030 con respecto a los niveles de 1990, El Confidencial e ING han organizado un debate titulado ‘La transición energética: reto sostenible y oportunidad para España’.
En el evento, en el que intervino, María Jesús González, secretaria general de la Asociación para la Transición Energética, participaron además Wafaa Ermilate, directora de Energía e Infraestructuras de ING España & Portugal; Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE); José Miguel Tudela, director de Organización y Sostenibilidad de Enagás; Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente en Naturgy y socia e impulsora de la Asociación Española de Mujeres de la Energía (Aemer).
Dentro de los planes de inversiones que la Administración nacional y las autonómicas prevén realizar en los próximos años, la transición energética podría acumular hasta el 38% de los 140.000 millones de euros de fondos europeos que España recibirá de Bruselas entre 2021 y 2026.
De esta partida, cerca del 52% —unos 72.700 millones de euros— es especialmente relevante porque es a fondo perdido, mientras que los 73.700 millones de euros restantes llegarán en forma de préstamos. Esta inyección de capitales permitirá al Gobierno avanzar en el ambicioso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el cual prevé movilizar hasta 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030 para financiar la descarbonización de la economía española.
De los 241.000 millones de euros que el PNIEC espera movilizar hasta 2030, el 80 % de las inversiones será desembolsado por el sector privado, mientras que el 20% restante, unos 47.000 millones de euros, serán aportaciones de las distintas administraciones públicas apoyadas, en parte, en estos fondos europeos Next Generation.
“Más del 90 % de nuestro tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos, y una gran parte de estos fondos europeos tiene que ser coherente con esta estructura y estas características”, dijo Joan Groizard sobre la necesidad de articular diferentes modelos para financiar esta transición energética. Por un lado, Groizard destacó los grandes proyectos tractores, que “tienen una cierta capilaridad para permear [desde las grandes empresas] a los proveedores”, y, por otro lado, un “modelo más atomizado y capilarizado, que pueda beneficiar a las pymes y los autónomos”.
Entre estos grandes proyectos tractores destacarían el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 2021-2023, y el Perte para el Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).
Otro grueso de la financiación se articula en ayudas a las que puede acceder todo el sector productivo, desde las pequeñas empresas hasta las comunidades de vecinos; como los 900 millones de euros para el autoconsumo de energía; 220 millones de euros para almacenamiento ‘detrás del contador’ (sin conectar a la red); 200 millones de euros para bombas de calor, o los diferentes planes Moves para subvencionar la adquisición de vehículos eléctricos.
“En España tenemos un gran reto: que las decisiones y las ayudas económicas que se aprueban en Bruselas terminen bajando al territorio. Por motivos de urgencia, la manera más eficiente de invertir estas enormes cantidades de dinero [en periodos de dos años] es mediante grandes proyectos. Si tienes un menor número de actores, la toma de decisiones es más rápida y eficiente”, explicó María Jesús González, de la Asociación para la Transición Energética, que añadió que “¿Es lo que necesitamos, es lo que queremos? Lo más conveniente sería combinar ambos modelos y financiar un mayor número de microproyectos, pero tendríamos problemas para cumplir con los plazos”.
En los últimos meses, los fondos europeos han estado envueltos en polémica y bronca política en cuanto a su ejecución y reparto entre las diferentes comunidades autónomas. A principios de enero, la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señaló en un informe sobre los fondos Next Generation que se publicaron en torno a 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros, un 48 % del dinero europeo recibido y un 38 % de lo incluido en los presupuestos generales del Estado (PGE) en 2021. Cinco días después de presentar este informe, el Gobierno se reunió con patronal y sindicatos para garantizar que la inyección pública de ayudas se estaba intensificando, y señaló que el 91 % de la partida presupuestada para 2021 ya había sido autorizado, con desembolsos al sector privado por valor de 11.001 millones de euros (un 45,5 % del total).
Además de los fondos públicos, el capital privado —tanto de empresas como de inversores— supondrá el grueso de la financiación para el desarrollo de nuevas tecnologías y para levantar nuevos parques renovables. Wafaa Ermilate destacó la “transparencia que deben aportar al sector los nuevos elementos regulatorios, para que al inversor le resulten sencillas y honestas este tipo de inversiones, y también las rentabilidades de los proyectos que han demostrado ser satisfactorias”.
“Rentabilidad y sostenibilidad no son factores enfrentados, aunque la rentabilidad va a seguir siendo un impulsor de la decisión de las inversiones del sector privado. El papel del sector financiero, en colaboración de todos los actores, es canalizar el ahorro de grandes inversores institucionales y pequeños inversores hacia estos proyectos estratégicos”, apuntó Ermilate.
Financiación sostenible
En mayo de 2021, Alemania lanzó su primera emisión de bonos verdes a largo plazo (30 años), en línea con la colocación de deuda a 10 años que realizó en septiembre de 2020, para completar toda la curva de tipos. España, por su parte, emitió en septiembre del año pasado sus primeros 5.000 millones de euros en bonos verdes a 20 años, registrando una demanda 12 veces superior a la ofertada.
Nieves Cifuentes señaló que las eléctricas “tenemos ya bastante experiencia en financiación sostenible, lo que nos ayuda a visibilizar nuestro compromiso”. Cifuentes puso como ejemplo los créditos sostenibles basados en objetivos de reducción de emisiones, consumos de agua y de gobernanza para aumentar hasta el 40 % el número de mujeres en puestos directivos en 2025. “Al final, te juegas que te suban o bajen los tipos de interés en función de cómo lo estemos haciendo”, añadió. Otro ejemplo incluye créditos sindicados en los que el diferencial se invierte en proyectos sociales.
“Cada vez hay menos diferencia entre lo que es inversión verde y la general. Al igual que integramos la información financiera y no financiera, se está unificando la inversión ESG [medioambiente, social y de gobernanza] con la normal. Los grandes fondos de inversión tienen en cuenta a las empresas que no reportan sus criterios medioambientales o no están alineadas con la taxonomía verde”, dijo José Miguel Tudela. “Son objetivos tanto en el corto como en el largo plazo, y los inversores quieren saber los planes concretos para los próximos dos o tres años que nos permitan seguir reduciendo las emisiones y ser una empresa neutra en carbono para 2040”, añadió sobre los cerca de 55 proyectos en hidrógeno verde y gases renovables presentados por la gestora de infraestructuras —junto a otras empresas—, con una inversión total cercana a los 5.000 millones de euros.
Finalmente, entre los retos de la transición energética, los ponentes destacaron durante el debate un nuevo componente social y local, que se suma al financiero y al tecnológico. “En los últimos años, estamos observando cierta resistencia en municipios y provincias a la instalación de parques eólicos y solares, que son cada vez más grandes y voluminosos. La percepción de las poblaciones rurales es que obtienen todos los impactos de estas instalaciones y ninguno de sus beneficios”, dijo González sobre la necesidad de que el sector privado y las administraciones involucren a las comunidades para poder cumplir con el calendario propuesto para aumentar la capacidad de generación renovable en España.
