La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha participado en la convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que se reclamaba la participación pública sobre la versión inicial del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), realizando al efecto una serie observaciones.
En el documento presentado se recomienda que se acometa una necesaria neutralidad tecnológica, ya que es imperativo que el PGRR establezca con claridad que la tecnología que se decida en cada momento para las distintas necesidades y fases sea la mejor disponible en razón a la seguridad medioambiental y de exposición de las personas. En este sentido, en los escenarios de referencia, se descarta la posibilidad de recurrir al ciclo cerrado, es decir con reprocesado del combustible usado, un principio que choca con la tendencia general de reciclar los recursos energéticos siempre que sea posible.
Por otra parte, en el documento se propone la necesidad de fomentar la competencia en la contratación pública, ya que la aprobación del PGRR determina, en gran medida, los términos de los contratos públicos que deban licitarse para su desarrollo. Es por ello que, aunque el PGRR, y concretamente esta Séptima versión sometida a información pública, no constituya formalmente un instrumento de contratación pública, debido a su innegable y lógico impacto material en ésta, por su carácter director y vinculante, sí deba desde el PGRR prestarse atención a los principios generales de la contratación del sector público en aras de asegurar el respeto a los mismos.
Por otra parte, la ATE sugieren alternativas para la gestión del CG, tras seguir con atención el debate, ideológico y social que no técnico, en torno a las alternativas de gestión temporal del mismo, desde su retirada del reactor hasta la solución definitiva. En este sentido, desde la ATE se plantea que la mejor solución, tanto desde el punto de vista de la seguridad a medio plazo como de la buena utilización de los recursos presupuestarios es la puesta en servicio de un ATC, aclarando que podría ser discutible el emplazamiento y el modelo, pero no su idoneidad.
Por último, la ATE plantea el desmantelamiento de las CN, ya que en esa importantísima etapa, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del coste final de la gestión, deben también regir los principios de neutralidad tecnológica y competencia en la contratación pública. Siendo los plazos en los que se ejecute uno de los elementos principales del coste, esa cuestión debería ser tenida en cuenta cuando se tomen decisiones sobre tipo de embalajes, modelo de ATC...
